La Asamblea Nacional aprobó ayer con 67 votos a favor, la Ley Antimonopolio. Según el documento expuesto por el asambleísta Paco Velasco (AP), hubo 32 modificaciones de palabras o frases y 31 sustituciones o aclaraciones a los articulados.
Uno de ellos es la inclusión de un nuevo numeral en el artículo 9 sobre abuso de poder de mercado, como la imposición de condiciones injustificadas a proveedores o compradores, como el establecimiento de plazos excesivos e injustificados de pago, devolución de productos, en especial cuando fueren perecibles, o la exigencia de contribuciones o prestaciones suplementarias de cualquier tipo que no estén relacionados con la prestación principal o vinculadas con la efectiva prestación de un servicio al proveedor.
Se estableció que la Junta de Regulación, mediante resolución motivada, podrá establecer restricciones a la competencia y ya no la presidencia mediante Decreto Ejecutivo.
Se incorporó un nuevo literal sobre las ayudas públicas. Las mismas pueden estar orientadas a impulsar la producción y transformación de alimentos destinadas a garantizar la soberanía alimentaria.
Se sustituyó la frase “documentación, faxes, agendas personales, notas manuscritas” por la de “y cualquier otro documento relacionado con la conducta investigada”.
En el caso de que se efectúen allanamientos o retenciones solo las podrán autorizar los jueces de la jurisdicción.
Se incorporó una nueva disposición transitoria mediante la cual el presidente reformará el reglamento para la fijación y revisión de precios de medicamentos en máximo 60 días desde la vigencia de la ley.
Ninguno de los planteamientos del sector empresarial sobre la excesiva potestad del superintendente o evitar las reformas a las leyes del Sistema Financiero y de Radio y Televisión fue acogido.
El cuerpo legal será remitido al Ejecutivo para su análisis respectivo, el que debe realizarse en 30 días.
Uno de ellos es la inclusión de un nuevo numeral en el artículo 9 sobre abuso de poder de mercado, como la imposición de condiciones injustificadas a proveedores o compradores, como el establecimiento de plazos excesivos e injustificados de pago, devolución de productos, en especial cuando fueren perecibles, o la exigencia de contribuciones o prestaciones suplementarias de cualquier tipo que no estén relacionados con la prestación principal o vinculadas con la efectiva prestación de un servicio al proveedor.
Se estableció que la Junta de Regulación, mediante resolución motivada, podrá establecer restricciones a la competencia y ya no la presidencia mediante Decreto Ejecutivo.
Se incorporó un nuevo literal sobre las ayudas públicas. Las mismas pueden estar orientadas a impulsar la producción y transformación de alimentos destinadas a garantizar la soberanía alimentaria.
Se sustituyó la frase “documentación, faxes, agendas personales, notas manuscritas” por la de “y cualquier otro documento relacionado con la conducta investigada”.
En el caso de que se efectúen allanamientos o retenciones solo las podrán autorizar los jueces de la jurisdicción.
Se incorporó una nueva disposición transitoria mediante la cual el presidente reformará el reglamento para la fijación y revisión de precios de medicamentos en máximo 60 días desde la vigencia de la ley.
Ninguno de los planteamientos del sector empresarial sobre la excesiva potestad del superintendente o evitar las reformas a las leyes del Sistema Financiero y de Radio y Televisión fue acogido.
El cuerpo legal será remitido al Ejecutivo para su análisis respectivo, el que debe realizarse en 30 días.
Fuente: Diario El Universo
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